Sobrevivientes, familiares y amigos de la Tragedia de Once recordaron esta mañana, a las 8.33, los diez años del siniestro que mató a 51 personas, entre ellas una embarazada, dejó heridos a otros 800 cuando una formación del tren Sarmiento chocó contra el paragolpes de la terminal. La causa judicial condenó a 21 imputados, entre ellos un ministro, dos secretarios de transporte y el dueño de la concesionaria TBA, aunque sólo Ricardo Jaime sigue en la cárcel, por otros hechos delictivos. El resto cumplió condena (el maquinista Marcos Córdoba recuperó la libertad en septiembre de 2020 ) o fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

Esta mañana, las sirenas volvieron a sonar a las 8.33 en la plataforma número 2 de la estación Once, donde el miércoles 22 de febrero de 2012, a esa misma hora, el Sarmiento protagonizaba la tragedia ferroviaria más grande del país. Después hubo otra en Castelar, con tres muertos. Años antes, hubo varios avisos de trabajadores y pasajeros (incluyendo el incendio de estaciones y formaciones que servían para chatarra).

Tras leer los nombres de cada una de las víctimas fatales, familiares y amigos remarcaron que «viven en nuestros corazones» y brindaron un aplauso en homenaje.

“Estuve infinidad de veces en esta estación porque soy vecina del oeste, y a partir de la tragedia se hizo un punto de los familiares para recordar que la corrupción mata”, dijo María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, el joven músico y vecino de Merlo, y última de las víctimas de la tragedia encontrada en el tren.

“No hay nadie en la cárcel porque algunos cumplieron las condenas y otros consiguieron beneficios. El más vergonzoso es el de (Juan Pablo) Schiavi, por la realización de cursos que nada tienen que ver con el delito de robarle a la gente y matar a 52 personas”, apuntó la diputada.

“Tenemos que preguntarnos si un delincuente común es igual a un funcionario que decide delinquir. Para eso hay que modificar las normas. Hoy la justicia nos debe la confirmación en el caso de Julio De Vido y Ricardo Jaime”, agregó la madre de Lucas.

En 2013 se elevó la causa a juicio oral con 28 procesados por los delitos de «defraudación contra la administración pública» y «descarrilamiento culposo», y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones

A 10 años de esa tragedia, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución un recurso de queja de la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Comunicado conjunto

En el documento final, leído por Paolo Menghini y María Luján Rey, padres de Lucas, indicaron que “fue el propio Estado quien desempeñó un rol central en los motivos del desastre”.

“El Estado tiene nombres circunstanciales que lo encarnan, son los funcionarios de turno. En estos 10 años esperamos en vano su ayuda y amparo: nada de eso ocurrió. Todo, absolutamente todo lo que hemos logrado ha sido por nuestra lucha con tres únicas armas: unión, voluntad y verdad”, remarcaron.

Tras advertir sobre los “diez años de olvido”, las familias de las víctimas y los sobrevivientes expresaron que se sienten “abandonados desde el primer día por el Estado” y remarcaron: “Nuestros derechos humanos como víctimas fueron vulnerados de todas las maneras posibles”.

“El Estado, que tuvo en sus filas a funcionarios ladrones, delincuentes condenados que generaron el desastre, nos negó y nos hizo a un costado: para ellos fuimos víctimas de segunda, tercera o cuarta clase y todo por no callarnos, no vendernos, no arrodillarnos”, lanzaron.

En ese sentido, reclamaron que se avance en la sanción de una ley de reparación económica para los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes de la tragedia ferroviaria. “Los poderes de la Nación nos deben un marco legal que nos ampare. Se han dado pasos, pero no alcanzan. Estamos cansados de mendigar la ayuda integral que el Estado nos debe. Con dos procesos casi cerrados, al día de hoy jamás logramos que las iniciativas de reparación integral para nuestro grupo pudieran avanzar”, plantearon.

Y subrayaron: “La corrupción mata, pero el dolor y el olvido también. Pedimos que el Congreso de la Nación sancione la ley de reparación que nos merecemos. Ya es tiempo y ya sufrimos demasiado. No nos merecemos seguir esperando”.

Al referirse a la cuestión judicial, los familiares expresaron que “los funcionarios corruptos que controlaban el transporte en 2012 crearon las condiciones para la masacre de Once y pudo ser otro tren, otro día y otras víctimas, pero los responsables hubiesen sido los mismos: (Ricardo) Jaime, (Juan Pablo) Schiavi, (Julio) De Vido, (Sergio) Cirigliano y todos sus socios, esa manga de corruptos, asesinos y delincuentes”.

“Casi todos los condenados hoy están en sus domicilios”, lamentaron, a la vez que reclamaron que se modifique la legislación para evitar que condenados por corrupción puedan reducir su pena en base a cursos o talleres realizados en prisión: “Todos los condenados se aprovecharon de ese error de la ley”.