Organizaciones, familiares y amigos marcharon este domingo exigir justicia para Luciano Arruga, que hace 13 años desaparecía de su casa. Con la sospecha puesta en la Policía de La Matanza, todavía se espera un juicio para los supuestos autores y un juicio político para jueces y fiscales por su actuación en el caso.

Aquel sábado 31 de enero de 2009 Luciano había estado hasta tarde con sus amigos a pocos metros de su casa, en Bolívar y Perú, del barrio 12 de Octubre, donde vivía con sus dos hermanos menores. Ya de madrugada, policías del destacamento de Lomas del Mirador lo detuvieron, lo golpearon y lo desaparecieron.

El 22 de septiembre de 2008, Arruga había sido torturado en el destacamento. Por ese hecho fue condenado en 2015 a diez años de prisión el ex policía bonaerense Julio Torales.

Por eso la desaparición apunta a la Policía Bonaerense. A instancias del CELS, en 2014 la familia presentó un nuevo hábeas corpus ante la Justicia de Morón. En ese expediente a alguien se le ocurrió cotejar las huellas digitales de Luciano -que no estaban en el sistema porque nunca tuvo documentos, pero se las habían tomado en la comisaría en septiembre de 2008- con las de los N.N. enterrados a partir del 31 de enero de 2009.

Así fue cómo lo encontraron. El cuerpo había sido enterrado en el cementerio de la Chacarita como N.N. el 11 de mayo de 2009, luego de haber estado en el hospital Santojanni, donde había llegado en una ambulancia del SAME tras haber sido atropellado por un auto en la avenida General Paz, a la altura de Mosconi, la misma noche que lo secuestró la policía. Lo operaron y falleció a las ocho de la mañana del 1° de febrero de 2009.

Entre 2012 y 2013, la familia de Luciano Arruga y el CELS pidieron el juicio político a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco por sus reprochables conductas durante la investigación por la desaparición del joven.

«La causa por la desaparición forzada está en instancia federal con la carátula de desaparición forzada de persona, se siguen realizando tareas de investigación para saber las razones de lo sucedido, y para la familia de Lu la denuncia sigue siendo la misma: fue asesinado por haberse negado a robar para la policía, y luego de su desaparición sufrió violencias sistemáticas», cuenta Vanesa Orieta, hermana de la víctima.

«Entendemos que la organización, el esfuerzo y lucha a lo largo de todos estos años nos permitió pequeños avances en esa causa tan enmarañada y atravesada por la impunidad, pero que aún así aporta claridad sobre la responsabilidad de funcionarios de las fuerzas de seguridad, del poder político y judicial», agrega.