La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años, ha generado una profunda conmoción en Comodoro Rivadavia, y todo el país, y pone bajo la lupa el accionar del sistema judicial de Chubut. El pequeño falleció la medianoche del domingo de Pascuas en la terapia intensiva del Hospital Regional, tras sufrir una descompensación en la casa de su madre biológica. El caso dio un giro al revelarse que la mujer contaba con un historial de violencia que fue ignorado al momento de otorgarle la custodia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, la madre del niño, Mariela Altamirano (28), ya tiene antecedentes por maltrato infantil y se le había quitado previamente la tenencia de otro de sus hijos. A pesar de este dato clave, el juez de familia Juan Pablo Pérez ordenó en noviembre pasado que Ángel iniciara un proceso de revinculación con ella, lo que derivó en la restitución definitiva.

Para el padre biológico del menor, Luis López, el desenlace era una tragedia anunciada. "A mi hijo lo mataron", sentenció el hombre tras conocerse los primeros datos de la investigación. López, quien crio al niño durante cuatro años, asegura haber advertido reiteradamente a los funcionarios sobre el peligro que corría su hijo en manos de Altamirano.

El prontuario de la progenitora es uno de los ejes centrales que hoy investiga la fiscalía a cargo de Facundo Oribones. Según consignó el medio, existen reportes de denuncias por violencia contra Altamirano en las provincias de Misiones y Corrientes, donde residió antes de regresar a Chubut en 2025. Las autoridades judiciales ya solicitaron información detallada a dichas jurisdicciones para sumar al expediente.

“Yo les dije que le iba a pasar algo a mi hijo con esa mujer. Se lo dieron tres meses y me lo mató”, lamentó Luis López con profunda impotencia. El padre relató que la mujer había abandonado al niño cuando este tenía apenas un año y que, tras su regreso, la justicia priorizó el vínculo biológico por encima de la estabilidad y seguridad que el menor tenía en su hogar paterno.

Lorena Andrade, madrastra del pequeño, también denunció que el sistema falló en proteger al niño. “Recorrimos Defensoría, no nos escuchó Protección de Menores; quien debió protegerlo decidió hacer abuso de poder”, expresó a través de sus redes sociales. Andrade calificó la situación vivida por Ángel como un "calvario" desde que fue obligado a convivir con su madre biológica.

Una de las pruebas más desgarradoras incorporadas a la causa es un registro audiovisual capturado el pasado 9 de marzo. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observa a Ángel llorando desconsoladamente y suplicando no ser trasladado a la vivienda de su madre. "No me quiero ir, me quiero quedar acá", repetía el niño mientras se aferraba con fuerza a su padre.

Aquel día entró en vigencia una restricción perimetral que impidió a Luis López y a Lorena Andrade seguir teniendo contacto con el menor de edad. Los videos muestran incluso a una oficial de policía intentando persuadir al niño para que abandonara la casa de su padre, asegurándole que "luego lo irían a buscar". Para los investigadores, este material es fundamental para entender el estado emocional y el temor que manifestaba el pequeño.

“Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud. ¿Me van a venir a decir que fue muerte natural?”, cuestionó el padre, rechazando las versiones iniciales. Según su testimonio, el niño mostraba signos de angustia profunda cada vez que debía encontrarse con Altamirano, a quien prácticamente no conocía por los años de ausencia.

La indignación de la familia también apunta directamente contra el juez Juan Pablo Pérez y los servicios de Protección de Derechos. Critican que no se hayan tomado en cuenta los testimonios de vecinos que describían situaciones de abandono y violencia en la nueva casa del niño. Testigos aseguran que al menor lo dejaban afuera y que presentaba marcas de golpes en el jardín de infantes.

“El juez firmó un papel para que la madre no sea detenida hasta que muestren evidencias”, denunció López. Además, la madrastra del niño relató que la madre biológica llevó al niño al hospital en estado crítico y luego se retiró. “Lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”, acusó Andrade.

Incluso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se pronunció sobre la gravedad del hecho. Calificó el caso como “tremendo” y advirtió que, si hubo falencias por parte de la Justicia o desatención a denuncias previas, "eso va a salir a la luz". El mandatario aseguró que se investigará el accionar de todos los organismos intervinientes.

Si bien inicialmente se mencionó un paro cardiorrespiratorio sin signos externos de violencia, la autopsia preliminar reveló una realidad diferente: el niño presentaba lesiones internas en su cabeza. Estas lesiones podrían estar asociadas a la muerte cerebral que sufrió el pequeño antes de fallecer. Los investigadores esperan los informes finales para determinar si el origen fue traumático.

Tanto Mariela Altamirano como su pareja actual, Maicol González, se encuentran imputados en la causa. Según fuentes de la investigación citadas por Clarín, ambos permanecen bajo vigilancia estatal en Comodoro Rivadavia para evitar una posible fuga. La sospecha sobre González radica en testimonios que indican que el hombre consideraba al niño un "estorbo" y que podría haber ejercido maltratos físicos.

Mientras la investigación avanza bajo secreto de sumario en algunas instancias, la comunidad local ha convocado a una marcha para este viernes frente a la Ciudad Judicial. El reclamo es unísono: justicia por Ángel y una revisión profunda de los protocolos judiciales que permitieron que un niño fuera entregado a un entorno con antecedentes probados de violencia infantil.